AVNEntre las promesas que los partidos de derecha pregonan para llegar a la Asamblea Nacional (AN), a propósito de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, se incluye una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que favorecería a los grupos empresariales más adinerados del país, organizados bajo Fedecámaras.
Esa intención no es manifestada abiertamente por la oposición venezolana, partidaria del modelo capitalista y, por ende, contraria a los valores del socialismo que promueve el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, pero se menciona con disimulo tras la promesa de reformar la citada Ley “para propiciar una nueva relación entre capital y trabajo”.
La cita entrecomillada se incluye en un panfleto que los partidos antichavistas han distribuido en su campaña electoral, intitulado “100 soluciones para la gente”, cuyo contenido expresa directa e indirectamente las intenciones de la derecha venezolana por revertir mecanismos ya establecidos, como la autogestión por parte de los consejos comunales, la reforma agraria contra el latifundio y la distribución social de los recursos petroleros.
Específicamente sobre las promesas electorales de la oposición en materia laboral, el diputado Oscar Figuera, miembro de la Comisión de Desarrollo Social de la actual AN, fue consultado sobre el significado de la frase “una nueva relación entre capital y trabajo”.
Figuera ha sido activo participante en los debates que se han llevado a término en la AN para crear una nueva Ley del Trabajo, más allá de reformarla.
Leer entre líneas y consultar el pasado
“Todo lo que la oposición plantea hay que leerlo entre líneas, porque disfraza ciertos términos que dejarían al descubierto su intención por volver al modelo que dominó en Venezuela entre 1958 y 1998 (IV República). Sin duda, esa propuesta de reformar la Ley Orgánica del Trabajo esconde la pretensión de apoyar al empresariado con lo que ellos llaman crear condiciones para el mercado de trabajo”, respondió Figuera.
De acuerdo con antecedentes históricos, protagonizados por los mismos dirigentes de la derecha que hoy aspiran a llegar a la AN, “crear condiciones para el mercado de trabajo” implica suprimir beneficios laborales para reducirle “cargas” a los empresarios, a cambio de que éstos últimos generen más oportunidades de empleo; una suerte de “redistribución de recursos” que promete menos desempleo si los trabajadores se “sacrifican”.
Pero el fracaso de esa promesa ya ha quedado demostrado en Venezuela y otros países latinoamericanos, donde el modelo neoliberal de flexibilización laboral ha sido aplicado con resultados perjudiciales para la clase trabajadora.
En 1997, durante el segundo período de Rafael Caldera (1994-1999), la Ley Orgánica del Trabajo fue reformada tras un acuerdo entre la llamada tripartita: el gobierno, Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), representada por dirigentes políticos de los partidos en el poder.
Pese a que la clase obrera se opuso, los intereses de Fedecámaras prevalecieron. El 2 de marzo de ese año, la tripartita decidió eliminar el carácter retroactivo de las prestaciones sociales y dejó en manos de la empresa privada la decisión de cualquier aumento salarial.
El actual dueño del diario opositor Tal Cual, Teodoro Petkoff, acérrimo antichavista, era el ministro de Cordiplan en 1997 y participó en la tripartita como representante del gobierno. Petkoff justificó la medida ante el país argumentando que la supresión del beneficio laboral “estimularía al aparato productivo”.
Para el cierre de ese año, se registró en Venezuela una caída de 4,8% en la economía; el salario mínimo, por debajo de los 100 bolívares, sólo permitía adquirir 22,94% de la canasta básica y la tasa de desempleo superaba el 11%. Hacia el final del periodo del Caldera (1999) la desocupación laboral había subido a 14,7%.
