El diputado Óscar Figuera (PCV) reconoció que la Comisión de Desarrollo Social del parlamento aún no ha suscrito el anteproyecto de Ley Orgánica del sector laboral que será sometido a consulta popular, debido a “la inexistencia” de acuerdo sobre parte del articulado clave: retroactividad de las prestaciones y reducción de la jornada laboral. Froilán Barrios denunció que el Estado adeuda $18 millardos a empleados públicos tras reforma legal de 1997
El Tiempo.com.ve
Las variadas propuestas que pululan sobre la retroactividad de las prestaciones sociales, reducción de la jornada laboral y régimen de seguridad laboral, llevó al diferimiento a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), pues la Asamblea Nacional (AN) cerró su ciclo de sesiones 2009, sin que la Comisión de Desarrollo Social lograra el consenso en torno al articulado clave.
Con el año que acaba de concluir, ya son nueve los que suma la mora legislativa de la LOT, tras la aprobación de la Constitución. Pero de acuerdo al presidente de la instancia parlamentaria, Óscar Figuera (PCV), está justificada la demora, debido a “la inexistencia de acuerdo total” entre los legisladores, lo que impidió darle el visto bueno al anteproyecto que será sometido a consulta nacional.
La Ley del Trabajo vigente consta de 675 artículos, y según el último informe de la Comisión de Desarrollo Social, se han revisado 600, modificando o eliminando varios apartes legales y creando otros.
Las versiones
Con el debate sobre la LOT entrabado, Figuera aclaró que existen diversas materias donde reina el acuerdo, como la eliminación de la tercerización y la instauración de “severas” sanciones a los patronos públicos y privados que violen la normativa legal y las decisiones del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, al desgranar las diferencias entre los parlamentarios, precisó que en el caso del régimen de estabilidad laboral, hay discrepancias en torno a si éste debe cobijar o no a todos los trabajadores del país, con excepción de los empleados de dirección; o cubrir por grupos a los trabajadores, según el salario.
En cuanto a la reducción de la jornada laboral, aunque no precisó, ha trascendido que se debate sobre la propuesta presidencial que fue rechazada en la reforma constitucional, donde se propuso seis horas diarias y 36 horas semanales como tope, así como la aplicación de jornadas diferenciadas dependiendo del sector donde se desempeñe el trabajador.
Al hacer foco sobre la disposición más polémica y que está referida a la retroactividad de las prestaciones, Figuera señaló que existen tres alternativas. Los parlamentarios analizan si se aprueba el regreso al esquema vigente hasta 1997, en el que la indemnización se calculaba con base en el último salario; mantener el sistema actual, pero agregando 15 días anuales con el último salario como base de cálculo; o el pago de no menos de 45 días anuales al último salario devengado para los primeros cinco años de vigencia del instrumento legal, para luego reducirlo a 30 días por año.
Al conocer estas propuestas, Froilán Barrios, dirigente del Movimiento Solidaridad Laboral, rechazó que el debate se mantenga en “silencio” y que se estudie aprobar un texto “sin que se reconozcan los derechos contenidos en la reforma de 1997, tras la cual se acumula una deuda por prestaciones sociales de más de $18 millardos” a los empleados públicos.
Acusó a la AN de sucumbir a la presión del Ejecutivo, al considerar que no fue la falta de consenso lo que paró el debate, sino que el gobierno así lo exigió, ya que prepara su propio documento. Cree que esta Ley debe ser aprobada por el parlamento a ser electo en 2010.
Pese a ésto, Figuera dijo que desde este mes un equipo especial retomará la discusión para hacer “cambios y mejoras” al texto y llevarlo a consulta. Su aspiración, es lograr aprobar la Ley en los primeros seis meses de 2010.
Artículos seguros
En la AN hay acuerdo sobre incrementar de 21 a 45 días el bono por vacaciones, elevar la bonificación por aguinaldos entre 25 y 45 días de salario (actualmente el pago equivale a 15 días). También el parlamento plantea prohibir los despidos injustificados y crear una inspectoría del trabajo especial para tramitar órdenes de retiros de trabajadores.
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